El Juez Federal Sebastián Argibay ordenó el procesamiento de 18 personas y les trabó embargos por un total de $22 millones, en una investigación por una presunta organización sospechosa de evadir hasta 800 millones de pesos emitiendo facturas apócrifas y valiéndose de casi una veintena de empresas fantasmas.
La causa se inició en diciembre de 2019, luego de que la ex jefa interina de la Sección Penal Tributario de la Afip, Dirección Regional de Tucumán, María Lucía de las Mercedes Trabadelo, denunciara la existencia de una organización criminal que, emitiendo comprobantes apócrifos, habrían evadido hasta 800 millones en concepto de saldo a ingresar de IVA e Impuesto a las Ganancias.
Posteriormente, el fiscal Pedro Simón imputó a 14 usinas apoc (tal la denominación para las facturas apócrifas) y a 22 contribuyentes socios de las empresas involucradas, junto al contador presunto jefe de la organización, Gustavo Coronel Medina, y a su secretaria, María Belén Zerdán.
El magistrado emitió una resolución en el proceso «Quillun SRL y otros s/evasión agravada tributaria denunciante Afip«.
El juez habría procesado a Gustavo Coronel Medina, por «asociación ilícita fiscal en calidad de jefe y organizador». También, habría ordenado un embargo preventivo «sobre su dinero y/o bienes hasta cubrir $ 5.000.000».
Le siguió María Belén Zerdán por «asociación ilícita en calidad de partícipe primaria». El juez le trabó un embargo por $ 2.000.000. También habría sido procesado Luis Hernán Arce por «evasión tributaria agravada» como socio de la firma «El Tope SRL» y otras empresas. Está acusado de «autor de evasión tributaria agravada» y por «evasión tributaria doblemente agravada también en calidad de autor». También, «partícipe primario, de asociación ilícita fiscal». Por ello, le fue trabado un embargo por $ 2.000.000.
Le siguió el procesamiento de Cristian Omar Gramajo, de la firma «El Tope SRL», por «evasión tributaria agravada». El imputado también sería socio de otra firma. Fue procesado también por «asociación ilícita como partícipe primario». Le fijaron embargados por $ 2.000.000.
La extensa resolución incluyó el procesamiento de Juan Carlos Saavedra, «socio de la firma «El Tope SRL», por «evasión tributaria agravada» y «socio de Pintar Santiago SRL» en «calidad de autor por evasión tributaria agravada» y «asociación ilícita en calidad de partícipe primario». El juez le trabó un embargo por $ 2.000.000.
Asimismo, fue procesado Armando Alfredo Artaza, socio de «Rovi SRL», «prima facie» autor, «por evasión tributaria y evasión tributaria doblemente agravada, también como autor». La Justicia también incluyó cargos como socio de la firma «Tomanic SRL» y lo acusó también por «asociación ilícita». Le fueron embargados fondos y bienes por $500.000.